El letrado que representa al jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López en el «caso amaños», Juan Pablo Lerena, ha calificado de «absolutamente injusta y desproporcionada» la decisión del comité de competición de la Liga de suspender al jugador el mismo día que su equipo jugaba en las eliminatorias por el ascenso a Primera contra el Málaga.
El letrado considera que la decisión adoptada no sólo se lleva a cabo en un momento «perjudicial» para el Deportivo sino que es una medida cautelar «gravísima», un expediente disciplinario, añade, abierto «sin ningún motivo, y más cuando hay un procedimiento penal en marcha».
El comité de competición se reunió el miércoles a raíz de unas declaraciones hechas por el jugador a El Mundo en el que se refiere a un supuesto acuerdo entre la SD Huesca, club en el que militó, para perder contra el Nástic cuando este equipo corría el riesgo de descender.
Lerena ha asegurado no entender la decisión de abrir un expediente sancionador a su cliente y no al resto de jugadores de los dos equipos que se enfrentaron en ese momento.
«Mucho menos entiendo -ha añadido- la prisa con lo que se ha abierto el expediente, porque poco después de aparecer la entrevista se ha decidido abrir el procedimiento para suspender al jugador, y sólo se nos ha dado poco menos de dos horas para hacer alegaciones».
El colmo de la situación
Para el abogado, el «colmo» de esta situación se deriva del hecho de que el expediente se deriva de unas manifestaciones hechas por el jugador en «el ejercicio de su libertad de expresión», sin acreditar la «forma y el tono» en la que fueron hechas.
Según ha explicado, «de hecho, hemos alegado que se ha hecho un ejercicio de prejudicialidad penal y la federación lo ha desestimado, entre otras cosas, porque dice que no hemos acreditado la existencia de dicho procedimiento penal, algo que no es de recibo porque la propia federación está personada como acusación.
Ha añadido que su cliente ha reconocido, además, que esta práctica «la de no salir a matar, es algo habitual por la que nadie cobrará nunca nada».
En opinión del abogado, la decisión del comité es «un ataque a la presunción de inocencia, y suspender a mi cliente mientras dure el expediente, que durará mientras se prolongue la causa penal, es cerrarle las puertas al mercado laboral».
