La SD Ejea despide a tres futbolistas en plena investigación por presuntos amaños
La Sociedad Deportiva Ejea ha tomado una decisión drástica en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El club aragonés ha anunciado el despido inmediato de tres futbolistas de su plantilla por un presunto incumplimiento de las obligaciones recogidas en sus contratos, en concreto aquellas relacionadas con la integridad de la competición, las apuestas deportivas y el amaño de partidos.
La entidad cincovillesa ha comunicado la medida a través de una nota oficial. En ella explica que los tres jugadores mantenían contrato con el club hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, el Ejea entiende que se ha producido un incumplimiento de la cláusula 11, dedicada a la protección de la limpieza competitiva.
La decisión llega en pleno desarrollo de la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción deportiva que tiene como figura central a Ramón Lázaro, expresidente del CD Tudelano y del Ribera Navarra FS. Entre los encuentros bajo sospecha aparece el Tudelano-Ejea (3-1) disputado esta pasada temporada, aunque el club no ha identificado públicamente a los futbolistas despedidos ni ha concretado si la medida guarda relación directa con ese partido.
El Ejea se ampara en la cláusula de integridad
El comunicado del club es claro en el argumento contractual. La SD Ejea sostiene que todo futbolista está obligado a cumplir la normativa aplicable en materia de integridad deportiva. Esa obligación incluye la prohibición de participar, de forma directa o indirecta, en cualquier apuesta deportiva.
Además, la cláusula recoge que los jugadores deben abstenerse de cualquier conducta destinada a alterar, predeterminar o manipular de forma fraudulenta el resultado de un partido o competición. También establece el deber de informar al club si tienen conocimiento de hechos que puedan afectar a la limpieza del juego.
Con esa base, el Ejea ha decidido romper de manera inmediata la relación contractual con tres miembros de su plantilla. La medida supone un paso contundente y confirma que la entidad ha decidido actuar sin esperar al cierre de un proceso judicial que, por su complejidad, podría alargarse durante años.
