La Fiscalía del Tribunal Supremo ha defendido este miércoles la ratificación de la condena por prevaricación al actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, por hechos ocurridos cuando presidía la Diputación de Pontevedra bajo el amparo del Partido Popular. De confirmarse la sentencia, el dirigente federativo podría quedar inhabilitado para ocupar un cargo público.
Un proceso judicial con inhabilitación en el horizonte
La vista pública en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo se ha centrado en el recurso de casación interpuesto por Louzán contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra en mayo de 2022. Esta condena ya había rebajado la pena de inhabilitación de ocho a siete años, aunque mantuvo el delito de prevaricación, excluyendo el de fraude.
El caso gira en torno a irregularidades en el pago de 86.311 euros a una constructora en 2011, durante la rehabilitación del campo de fútbol de Moraña, un desembolso que, según la Fiscalía, se realizó al margen de la normativa legal.
El fiscal Huete: «Fue un plan fuera de control y fuera de la normativa»
El fiscal Javier Huete ha sido contundente al señalar que “todo el expediente que se genera para autorizar ese pago es prevaricador” y que Louzán, junto a otros implicados, urdió un «plan alternativo» para justificar el sobrecoste.
El convenio bajo investigación incluía una subvención discrecional de 999.561 euros, otorgada por la Diputación de Pontevedra para la ejecución de las obras. La Fiscalía insiste en que este tipo de procedimientos vulneran el marco legal y justifican la condena por prevaricación.
Un fallo inminente que podría afectar a la RFEF
Ahora, el Tribunal Supremo deberá dictar sentencia, aunque no hay una fecha definida, pero se espera que la decisión llegue en las próximas semanas.
Mientras tanto, el futuro de Louzán al frente de la RFEF sigue en el aire. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró recientemente que, si el Supremo ratifica la condena, Louzán debería abandonar la presidencia, cargo que asumió el pasado 16 de diciembre. Esto obligaría a la convocatoria de nuevas elecciones en la Federación.
Sin embargo, Louzán mantiene que, incluso si su recurso no prospera, existe un margen legal que le permitiría continuar al frente del fútbol español.