ZARAGOZA | El Gobierno de Aragón defiende que solo cumple su obligación de «velar por el cumplimiento de la legalidad en todos los proyectos, sean del ayuntamiento que sean», en respuesta a las acusaciones vertidas por el consejero de Urbanismo de Zaragoza, Víctor Serrano, de que el ejecutivo aragonés «bloquea» el proyecto de la nueva Romareda con los requerimientos que le ha solicitado y pone en peligro la candidatura para el Mundial 2030.
Desde el Gobierno de Aragón han lamentado que tanto el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, como Serrano «culpen a la DGA de su fracaso después de no mover ni un ladrillo en cuatro años para construir el campo de fútbol como prometieron«.
Responden así a la rueda de prensa ofrecida previamente por Serrano en la que ha exigido al Gobierno de Aragón que deje de hacer campaña «desde los despachos» con el proyecto de la nueva Romareda, en el que aprecia «una competición entre miembros de CHA y PSOE por ver quien bloquea mejor su prosperidad y viabilidad» después de que la dirección general de Administración Local y la de Urbanismo hayan realizado sendos requerimientos sobre el proyecto al consistorio.
El primero, que alude al Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, para el que se ha remitido hoy mismo la información solicitada, y en el que, según Serrano, «en ningún caso» se dice que se necesite la aprobación del Gobierno de Aragón de la licitación, que sí se requeriría si el precio de la misma superase «en un 25 % las previsiones establecidas en el presupuesto municipal», un supuesto que no se da.
El segundo, relativo a la consideración de mayor entidad de la modificación del PGOU, es de mayor gravedad para el consejero municipal en tanto en cuanto el consejero del ramo del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, se reserva la posibilidad de acudir a las tribunales en caso de que no se rectifique según el resultado electoral del 28 de mayo, lo que ha tildado de «inadmisible e inaudito».