Agustín Lasaosa, expresidente de la SDHuesca, saliendo de sus despachos en plena trama Oikos.
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El presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, salió ya de prestar declaración como investigado del Palacio de Justicia de Huesca. Según informaba su abogado «ha quedado en libertad con cargos y dormirá hoy en casa«. Pese a ello no quiso matizar qué clase de cargos se le imputan enmarcados dentro de la Operación Oikos. El presidente, al igual que el doctor Galindo, se declaró «inocente» de todos los delitos de los que se le acusan.
Según ha podido saber SPORTARAGON.com, al presidente Lasaosa -como al jugador Borja Fernández-, se le imputan presuntos delitos de corrupción en el deporte y de cooperación necesaria en un delito de estafa. El Juez de Instrucción Nº 5 de Huesca le ha impuesto libertad con cargos y fianza de 50.000 euros, además de la obligación de comparecer ante ese juzgado los días 1 y 15 de cada mes, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
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Agustín Lasaosa ha elegido para su defensa al prestigioso abogado José María Fuster-Fabra, quien ya defendiera a la esposa del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en el juicio al que se enfrentó por blanqueo de capitales y organización criminal. Ambos acusados quedaron libres de los cargos por los que se les acusaba. El abogado declaró el miércoles que Lasaosa estaba “bien y entero” después de lo sucedido.
Las penas a las que se enfrentan
El Juzgado de Instrucción Nº 5 de Huesca investiga a los detenidos por presuntos delitos decorrupción deportiva, estafa y blanqueo de capitales. El primero de ellos conlleva penas de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. Por su parte, las penas por estafa están castigadas con seis meses a tres años de prisión, aunque si se superan los 50.000 euros, se elevan de uno a seis años de cárcel. En cuanto al blanqueo de capitales, se establecen unas penas de de seis meses a dos años de prisión.
